martes, 23 de junio de 2009

LA GRAN REVOLUCION COMUNERA - EL “COMÚN” EN ARMAS.

martes, 23 de junio de 2009

Desde 1717, ejercía el gobierno del Paraguay el andaluz Diego de los Rayes Valmaseda, mercader y patrón de barcas, avecindado en el país. Reyes aprovechó el poder para, ejercitar venganza contra aquellos criollos y vecinos con los cuales mediaban antiguas ofensas. De esta manera, sometió a prisión rigurosa y a un proceso amañado al general José de Avalos y Mendoza, antes recordado, ex-gobernador interino. Regidor Decano del Cabildo y uno de los criollos más ilustrados de ese tiempo. La persecución se extendió al regidor José de Urrúnaga y al yerno de Avalos Antonio Ruiz de Arellano impidiéndoseles a todos recurrir a la Audiencia de’ Charcas en procura de justicia. Lograron, sin embargo, comunicarse con ese tribunal y promovieron acusación contra el abusivo Gobernador, con un extenso capítulo de cargos.

La Audiencia comisiono a su Fiscal, el Dr. José de Antequera y Castro, en carácter de juez inquisidor, con amplias facultades y con un pliegue cerrado en el que se le encomendaba el gobierno del Paraguay para cuando Reyes cesara en el ejercicio del mismo.
En julio de 1721, Antequera se constituyó en Asunción, inició las actuaciones procesales, interrogó a testigos de ambas partes, comprobó la culpabilidad de Reyes Valmaseda, y lo suspendió del mando, y dejando en libertad a todos los por él perseguidos, y en virtud de lo dispuesto, por la Audiencia, se hizo cargo del gobierno.

Reyes logró huir a Buenos Aires y desde allí inició gestiones ante el Virrey del Perú para recuperar el mando. Contaba con la poderosa influencia de los jesuitas a su favor, pues era cuñado del Superior de las Reducciones del Paraguay, P. Pablo Benítez. Logró del Virrey Fray Diego Morcillo de Auñón, Arzobispo de Lima, su confirmación, en el poder hizo intimar el cumplimiento de dicha orden a Antequera y a los capitulares y jefes de milicias del Paraguay. Pueblo, Cabildo y Gobierno acordaron resistir a Reyes y pedir la reconsideración del mandamiento virreinal.

Entre tanto, un grupo de audaces comuneros encabezada por Ramón de las Llanas, secuestró a Reyes en la ciudad de Corrientes y la restituyó a la cárcel de Asunción, cuando ya aprestaba recursos para traer un ejército de indios a la conquista del Paraguay.
Así las cosas, un nuevo Virrey, José de Armendáriz; Marqués de Castelfuerte contra el parecer de la Audiencia de Charcas y contra disposiciones anteriores, insistió en someter a Antequera y a los paraguayos y comisioné al coronel Baltasar García Ros, ex-gobernador del Paraguay, para llevar a ejecución ese propósito, debiendo el mismo reponer a Reyes en un gobierno cuyo término normal de cinco años ya había vencido. Corría entonces el año 1723.

García Ros escribió a algunos amigos que conservaba en la provincia y vino con sus intimaciones. Reunidos en Cabildo Abierto, los vecinos de Asunción, con Antequera, el Cabildo y los mandos militares, resolvieron desobedecer la orden del Virrey y recurrir de ella. Vista la derivación de los hechos, el comisionado desistió de su empeño y regresó a Buenos Aires, para de allí dar cuenta a su mandante del poco éxito de sus gestiones.

Insistió el Virrey y ordenó al Gobernador del Rió de la Plata, mariscal de campo Bruno Mauricio de Zabala, que presa García Ros toda la ayuda material necesaria para la consecución de sus fines. De este modo, a mediados de 1724, este último se presentaba en Corrientes y desde allí organiza una expedición militar integrada por varios, miles de indios de las reducciones puestos a su disposición, y con ellos avanzó hacia Tebicuary.

Avisado por el sargento mayor Miguel Fernández Montiel, de guardia en el paso de dicho río Antequera convocó a nuevo Cabildo Abierto y allí se acordó resistir con las armas al ejército virreinal. Aunque basada en argumentación jurídica y apoyada en nobles y justos principios constituía ésta una actitud francamente revolucionaria, una clara y, neta rebelión contra los representantes de la monarquía española.

Asistido por Sebastián Fernández Montiel, Ramón d las Llanas y otros recios veteranos, Antequera organizó sus reducidas milicias y marchó al encuentre de la indiada de García Ros. En Asunción quedaban con el mando político el Dr. José Davalos y Peralta y con el mando militar Sebastián Ruiz de Arellano, en tanto que el Alguacil Mayor de la ciudad, Juan de Mena Ortiz de Velazco, daba cumplimiento a la orden de expulsión de los religiosos del Colegio de la Compañía de Jesús, dictada poco antes, de la partida del Gobernador con ánimo de despejar la retaguardia de elementos favorables al adversario.

El 25 de agostó de1724 se libró la batalla. Bajo el mando superior de Antequera, Montiel condujo el grueso de las fuerzas, en tanto que Llanas capitaneaba la impetuosa vanguardia. El ejército de García Ros fue desbaratado, su campamento del paso del Tebicuary capturado con su equipaje y documentación, trescientos indios misioneros perdieron la vida en el encuentro, dos sacerdotes jesuitas fueron hechos prisioneros y la hueste comunera se internó en las reducciones hasta San Miguel.

Mas, esta victoria comunera, que afirmaba la rebelión paraguaya, excitó las iras del Virrey y ganó partidarios para las gestiones de los poderosos protectores de Reyes en los medios influyentes de Lima y Madrid.

El ya mencionado Zabala, con tropas de línea de la guarnición de Buenos Aires aprestó una nueva expedición.
Antequera, enterado de todo esto, consideró que habla llegado el momento de comparecer ante la audiencia de Charcas, su comitente a justificar en sus estrados la causa, comunera y a impetrar su protección. Le acompañaban Juan de Mena, el antes mencionado Alguacil Mayor, y el capitán Diego de Yegros, Procurador General de la ciudad; que llevaban la representación del Cabildo, Sebastián Fernández Montiel, Maestre de Campo General y apoderado de la oficialidad de las milicias provinciales, Alonso González de Guzmán y otros connotados comuneros. De Córdoba pasaron a La Plata, sede de la citada Audiencia, y allí fueron apresados, Antequera, Mena y otros tres de la comitiva en tanto que sus compañeros debían ocultarse. Los dos primero fueron trasladados a la Cárcel de Corte de Lima y sometidos a proceso por orden del Virrey Castelfuerte. Las diligencias duraron cinco años y e1 expediente, alcanzó a tener varias miles de fojas.

Antequera ejerció personalmente su defensa mas finalmente ambos (Antequera y Mena) resultaron condenados a la pena capital. Fijada la ejecución para el 5 de junio de 1731, el pueblo de Lima, alentado por los franciscanos, promovió un tumulto y los guardias, temeroso de que Antequera lograra liberarse, le dieron muerte a tiros, en tanto que Mena perecía en el patíbulo.

Mientras se desarrollaban estos hechos, Zabala había avanzado sobre Asunción. No se le opuso resistencia alguna y él con mira de apaciguar los ánimos, entró en la ciudad con muy reducida escolta, la temida irrupción de un ejército de indios quedó así conjurada. Ramón de las Llanas, Teniente de Antequera le entregó pacíficamente el mando y Zabala comenzó a tomar diversas disposiciones de gobierno. Se ordenó la restitución de los jesuitas a su Colegio. A Reyes Valmaseda se lo puso en libertad, pero se le señaló la conveniencia de salir del Paraguay como contribución a la paz pública. Los que habían acompañado a Charcas a Antequera fueron procesados, así como también otros cabecillas comuneros, pero sin extremar las medidas de rigor. Se suspendió en sus funciones a algunos dignatarios del Cabildo y se devolvió sus plazas a los que habían sido privados de ellas por Antequera.

Pocos meses duró la gestión de Zabala en el Paraguay, cuyo gobierno confió al retirarse, en virtud de atribuciones conferídasle por el Virrey, a Martín de Barúa, que había sido autoridad en Santa Fe. Hombre de paz, éste preconizó una política de recuperación fundada en el olvido de los pasados rencores y en la indulgencia. Merced a ella los principales conductores comuneros pudieron reincorporase a la vida provincial.

Para la, averiguación y esclarecimiento de los hechos ocurridos en todo este agitado período, fue comisionado con rango de Visitador el General Matías de Angel y Gortari que, como resultado de sus investigaciones y pesquisas produjo un informe altamente favorable a la causa comunera.

Gran trascendencia tuvieron los hechos de este quinquenio. En pro de su ideal de justicia, dispuestos a repeler toda tentativa de establecimiento de un gobernante que se había tornado insoportable y celoso ellos de sus derechos, los paraguayos rechazaron por tres veces los intentos virreinales, encarcelaron y sometieron a juicio al gobernador arbitrario, se reunieron en Cabildo Abierto y deliberaron libremente sobre la política a seguir; y por último opusieron resistencia armada a un ejército que innegablemente sin lugar a la menor duda, investía la representación del Rey. Son éstas las líneas fundamentales de la acción comunera en el período que historiamos.
José de Antequera y Castro fue el adalid, pero junto a él militaron decididos José de Avalós y Mendoza, José de Urrunaga, Sebastián y Miguel Fernández Montiel, Ramón de las Llanas, Juan de Mena, Francisco de Rojas Aranda, José Dávalos y Peralta y decenas de otros naturales y vecinos del Paraguay.

EL “COMÚN” EN ARMAS.
Presidió Barúa cinco años de paz y recuperación. Pero las fuerzas que se habían manifestado en el periodo anterior se mantenían latentes, vivas en la conciencia popular. Quedó ello claramente demostrado cuando, en diciembre de 1730, se anunció la inminente llegada de un nuevo gobernador, Ignacio de Soroeta, señalado como adicto a los jesuitas y al bando que antes respondiera a Reyes Balmaceda. En pocas horas, Sebastián Fernández Montiel y Ramón de las Llanas lograron reunir una multitud de trescientos hombres armados que expresaron su disconformidad con la proyectada transmisión de poder.

Vista la negativa de Barúa de continuar en el mando de manera revolucionaria, los comuneros resuelven, aplicar la correspondiente ley de la Recopilación, es así como se acuerda confiar gobierno al Alcalde Ordinario de 1er Voto cargo que desempeña Fernando Curtido; al vencimiento de cuyo mandato, el 1ro de enero inmediato los sucede José Luís Bareiro, que no se llamaba Barreiro como generalmente dicen los autores, ni fue “presidente de la Provincia”, aunque este tratamiento alguno quizá se lo haya dado, llevado de circunstancial euforia.

En los últimos tiempos de Barúa había llegado a la ciudad Fernando de Mompó o Mompós, antiguo compañero de prisión de Antequera en Lima el que le había transmitido su fe en la causa comunera. Fugado de la cárcel se constituyó en consejero y asesor de los revolucionarios paraguayos. En los agitados días del rechazo de Soroeta, Mompó predicaba que “La voluntad del Común es superior al del propio Rey”, desarrollando y llevando a sus últimos extremos ideas antes enunciadas por Avalos y Mendoza y por Antequera.

Bareiro no corresponde a la confianza depositada en él por los comuneros: con engaños, prende a Mompó y lo entrega a las autoridades de Buenos Aires; mas éste logra fugarse cuando es conducido al Perú y ha de morir más tarde en los dominios portugueses. Antonio de la Sota, otro comunero, también sufre prisión por esos días. El pueblo reacciona con- gran indignación y Bareiro debe buscar refugio en lugar sagrado, siendo sustituido en el mando por el Alférez Real Miguel de Garay, su reemplazante legal en las funciones de Alcalde Ordinario de 1er. Voto.
Hasta 1733, el poder sigue a cargo de los referidos funcionarios municipales, que lo son sucesivamente Antonio Ruiz de Arellano y Cristóbal. Domínguez de Ovelar.

Son tiempos, éstos, de gran agitación. La noticia de la ejecución de Antequera y Mena conmueve el pueblo o “Común” y la multitud extraña una vez más de su colegio a los jesuitas. Partidas armadas de comuneros recorren la campaña y velan por la pureza de los procedimientos de los Alcaldes Gobernadores. Es el pueblo el pueblo llano, la “gente rei”, cifra nueva en la política paraguaya el que toma a su carga la conducción de sus asuntos Algunos comuneros de la vieja, guardia, veteranos de las luchas de la década anterior, consideran inconvenientes estos excesos tal es el caso de Montiel y el de Ruiz de Arellano, cuyos respectivos méritos resultan indiscutibles.

En 1733 y con nombramiento del mismo Virrey Castelfuerte, es recibido un nuevo Gobernador, el coronel Manuel Agustín Calderón de Ruyloba. El ambiente se mantiene tenso y es grande la expectativa ante los primeros actos del nuevo jefe

Ruylob excita la suspicacia y los temores de los comuneros con algunas manifestaciones impolíticas. El “Común” en armas se junta en el valle de Pirayü, con ánimo aparente de marchar sobre la capital. Le sale al encuentro el Gobernador con una fuerza equivalente. Dos columnas de trescientos hombres cada una se acercan recíprocamente para combatirse. En el campo de Guayaivity, al sur de la capilla de Ganoso, se avistan al caer la tarde el 14 de septiembre de 1733. Esa noche, la mayor parte de las tropas venidas de Asunción se pasa al bando popular. Al día siguiente, acompañado salo un puñado de altos oficiales que han considerado deshonroso abandonarlo en un medio que le resulta desconocido y hostil, el Gobernador es muerto en breve escaramuza.

¡Nunca se había llegado al extremo de dar muerte a un Gobernador que representaba al Rey!
Hasta los más exaltados comprenden que las represalias han de ser terribles y allí, sobre el mismo campo de batalla, invocan una vez más la Provisión de 1537 y aclaman por Gobernador al Obispo e1ecto de Buenos Aires, Fray Juan de Arregui, un valeroso franciscano octogenario, que ha defendido desde él pulpito la justicia da la causa comunera.

Arregui ejerce el mando unos cortos e inquietos meses, con título de “Justicia Mayor, Gobernador y Capitán General..., electo por el pueblo de esta capital”, en tanto que las partidas comuneras recorren los valles y pagos y se aprestan a la defensa. Finalmente, resuelve retornar a su diócesis, de la que aún no ha tomado posesión, y deja en el gobierno del Paraguay, como Teniente suyo, al ya recordado Cristóbal Domínguez de Ovelar que de esta manera ha de ser el último jefe de los comuneros.

La clara y decidida intervención del pueblo o “Común” en la resolución del destino social es la nota resaltante de este convulso periodo. Además, la actitud es más francamente revolucionaria: hay oposición armada a Soroeta y a Ruyloba, y el gobierno, por espacio de cinco años, pasa de un comunero a otro, aun cuando por lo general se llene la formalidad de la elección del mismo como Alcalde Ordinario de 1er. Voto.

BIBLIOGRAFIA.
  • Pedro Lezcano, “Historia de las Revoluciones de la Provincia del Paraguay”.
  • José Manuel Estrada “Ensayo sobre los comuneros del Paraguay”.
  • Rafael Eladio Velázque “Breve Historia de la Cultura del Paraguay”

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